martes, 1 de marzo de 2011

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA POLUCIÓN URBANA

Opciones de mitigación de gases de efecto invernadero e inventario de emisiones y concentraciones de contaminantes locales del sector transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires



El cambio climático es uno de los fenómenos globales que ha concentrado la atención de la comunidad científica internacional y de las sociedades de todo el mundo, debido a la trascendencia del problema y a las consecuencias del mismo, tanto a nivel físico como socioeconómico. Es ampliamente reconocido que el sistema climático ha venido sufriendo alteraciones significativas desde la era industrial, que pueden transformarse en desequilibrios irreversibles, provocando entre algunas de sus consecuencias directas e indirectas el aumento de la temperatura media del planeta, la suba del nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares, los suelos de congelación permanente y los glaciares de montaña, el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, la propagación de enfermedades trasmitidas por vectores debido al corrimiento de las zonas climáticas, la reconsideración de las transacciones comerciales como consecuencia de las medidas de adaptación y respuesta, etc..

El calentamiento global de origen antropogénico está principalmente originado en la quema de combustibles fósiles, además de la deforestación indiscriminada de bosques y otras actividades humanas que alteran el clima del planeta, liberando a la atmósfera un alto contenido de gases de efecto invernadero. Las emisiones de esos gases son producidas por la gran mayoría de los procesos productivos –generación y distribución de energía, medios de transporte, procesos industriales, actividades agrícolas y ganaderas, tratamiento de residuos, etc.– lo cual nos muestra la escala de los actores involucrados en la problemática.

Las medidas de mitigación que deberían adoptarse para lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a niveles que impidan interferencias peligrosas en el sistema climático y no comprometan a las futuras generaciones, tienen una incidencia trascendental en las economías de todos los países del mundo. Las distintas naciones, concientes de la gravedad del problema, han reconocido la necesidad de tomar acciones en forma conjunta y en el marco de un programa que reconozca a la vez la responsabilidad histórica de los países industrializados y las necesidades de crecimiento de los países en desarrollo.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un tratado de características globales, acordado en 1994, que se basa en los pilares de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la promoción del desarrollo sostenible y el principio precautorio. En la misma se reconoce la necesidad de tomar medidas de mitigación para morigerar las emisiones de gases de efecto invernadero, supeditando el accionar por parte de los países en desarrollo al cumplimiento de un compromiso mayor de los países desarrollados. Argentina ha firmado y ratificado la Convención, por lo que se ha comprometido, entre otras cosas, a presentar comunicaciones periódicas conteniendo inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes y absorción por sumideros de gases de efecto invernadero, la promoción de políticas que favorezcan la reducción de emisiones en los procesos productivos, etc..

Debido, en parte, a la falta de adopción de medidas concretas para la reducción de emisiones que debería ser alcanza para lograr el objetivo último de la Convención, se adoptó, en 1997 en Kioto, el llamado Protocolo de Kioto, que contiene, entre otras cosas, compromisos cuantificados de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados. Argentina ha también firmado y ratificado el Protocolo. La ratificación del Protocolo de Kioto por parte de la mayoría de los países del mundo y su consecuente entrada en vigencia se encuentran en proceso de negociación. Sin embargo, la necesidad de implementación de políticas y medidas, que sirvan para remediar el problema del calentamiento global, es algo que no puede seguir demorándose. Por ello gran parte de los países ha comenzado a tomar medidas, que en muchos de los casos no sólo persiguen un objetivo global sino que están relacionadas con cuestiones de mercado y características locales.

En el país se han realizado estudios de mitigación debido a los compromisos asumidos ante la Convención Marco de Cambio Climático, pero sólo algunas de las opciones consideradas tienen incidencia directa en la contaminación del aire urbano, las que no han sido desagregadas a escala local, ya que el interés estaba centrado en los gases de efecto invernadero. Resulta obvio que muchas de las medidas que sirven para mitigar el cambio climático paralelamente ayudan a reducir la cantidad de contaminantes locales emitidos al aire que respiramos. Por ejemplo, el transporte automotor no sólo genera emisiones de dióxido de carbono, como consecuencia de la quema de combustibles derivados del petróleo y el gas natural, sino que también produce emisiones de sustancias dañinas y, en muchos casos, tóxicas para la salud. Las mejoras tecnológicas de los motores de combustión interna, la sustitución de combustibles, el ordenamiento racional del tránsito, etc., son sólo algunas de las opciones que contribuyen a disminuir simultáneamente las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en el sector transporte.

En general, las políticas destinadas a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero se han visto motivadas por su potencial para disminuir la tasa de crecimiento de la concentración de esos gases en la atmósfera a largo plazo y han sido analizadas en términos de sus costos versus las oportunidades económicas para los sectores productivos.

Sin embargo, los beneficios de corto plazo, en cuanto a la disminución de la polución del aire urbano, pueden resultar en contribuciones tangibles para el bienestar de la población de las grandes ciudades, en contraste con los beneficios derivados de la reducción de los riesgos del cambio climático que acontecen a un nivel global. Un análisis preciso de los beneficios adicionales a aquellos relacionados con el cambio climático, o co-beneficios, permite reconsiderar y evaluar correctamente los costos netos de mitigación.

Los formalismos estándares calculan los co-beneficios en función de valores agregados unitarios, como son las estimaciones de los beneficios expresadas en dólares por tonelada de contaminante reducido. Estas estimaciones no incorporan información acerca de las condiciones demográficas y geográficas al valuar los beneficios. En contraposición con los enfoques usuales, el enfoque en función de los daños evitados estima los costos sociales sobre una base individual, considerando variables contingentes en el proceso de evaluación. De esta forma, los impactos ambientales y el valor monetario de los mismos, resultantes de cambios en las actividades económicas, dependen de la ubicación geográfica y de la población expuesta a los efectos adversos causados por tales actividades.

Dentro de ese contexto se inscribe nuestro proyecto, ya que los potenciales beneficios que las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero pueden tener a nivel local en regiones densamente pobladas –implicando específicamente la reducción de las emisiones de contaminantes locales (tales como el monóxido de carbono, el material particulado, los óxidos de azufre, los precursores de la formación de ozono troposférico, como los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos)– conllevan a la disminución de costos sociales por daños evitados en la salud y por disminución del deterioro de materiales.

Los co-beneficios representan, sin dudas, un aporte sustancial para favorecer la implementación de medidas y pueden resultar de suma utilidad para la toma de decisiones por parte de los gobiernos.

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